El Ayuntamiento de Poio (Pontevedra) ha vuelto a encontrarse con las mismas dificultades con las que ya se enfrentó entre finales de 2007 y principios de 2008 para realojar a las familias de etnia gitana a las que les fueron derribadas sus chabolas en el poblado de O Vao.
El alcalde, Luciano Sobral, admite que tras hacer gestiones en el propio término municipal y en el resto de la comarca, no encuentra una vivienda para alquilar a una familia que debe dejar la casa en la que está viviendo en el municipio de Ponte Caldelas.
La citada familia fue realojada en Caritel (Ponte Caldelas) en febrero de 2008, después de que el Ayuntamiento de Poio adquiriese una casa con dos viviendas dentro de su plan para erradicar el chabolismo y la alquilase a dos familias, pero el ayuntamiento receptor denunció que Luciano Sobral estaba ejerciendo sus competencias fuera de su ámbito territorial.
La Justicia acabó dándole la razón y los dos contratos de alquiler fueron declarados nulos, de modo que ahora Poio debe encontrar una nueva ubicación para estas dos familias. A una de ellas no les buscará alojamiento porque le ha rescindido el contrato de alquiler por incumplir sus obligaciones, pero a otra sí quiere dejarla bien situada. Sin embargo, ha vuelto a darse de bruces con la sociedad.
La familia a la que Sobral busca una nueva vivienda se ha visto obligada en tres años y medio a dejar dos viviendas. Primero, una sentencia judicial ordenó el derribo de su chabola en noviembre de 2007. En ese momento, fue realojada en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro, pero a principios de 2008 tuvo que dejar de nuevo su casa por el rechazo de los vecinos.
La falta de acogida de sus nuevos vecinos en Caritel y las sentencias del Juzgado de lo Contecioso Administrativo número 2 de Pontevedra y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declaran nulo su contrato de alquiler vuelven a dejarles sin techo. "Estamos en la misma situación que en 2008, o quizá peor", señala el alcalde de Poio.
Alquileres fallidos
Luciano Sobral ha explicado que, desde que en septiembre de 2010 le fue notificada la sentencia de que las familias debían ser desalojadas de Ponte Caldelas, ha buscado un nuevo emplazamiento, pero no lo ha encontrado ni comprando una vivienda ni alquilándola.
Según explica, ni las gestiones realizadas con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para utilizar una casa de la bolsa de alquiler de la Xunta de Galicia ni el apoyo logístico de la Fundación Secretariado Gitano han dado resultado y "veo difícil encontrar una solución a corto o medio plazo".
Hasta ahora, no se había dado prisa, pero el auto judicial dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra que le insta a desalojar la vivienda en un plazo de un mes le hace tener que apurar los trámites. Aún así, no se ve capaz de lograr una solución, de ahí que haya presentado un recurso de súplica pidiendo más tiempo.
"Será difícil que el juez nos dé la razón", reconoce, al tiempo que se hace a la idea de que "es probable que tengamos que pagar la multa" que se contempla en el auto. "Confiamos en que no nos hagan pagar nada, pero dado que en estos momentos no tenemos ninguna alternativa, puede que tengamos que hacerlo", admite.
Ponte Caldelas pierde la paciencia
La situación en la que se encuentra en estos momentos el Ayuntamiento de Poio viene derivada de un conflicto institucional con el alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, con el que Luciano Sobral admite que tiene "una buena relación personal", pero no llega al entendimiento institucional.
Por su parte, el regidor caldelano señala que "he tenido conversaciones y encuentros informales con el alcalde de Poio y con el Secretariado Gitano, pero el tema se sigue ralentizando por falta de interés. Ni siquiera le han pedido a la otra familia que le devuelva las llaves".
A Perfecto Rodríguez se le está agotando la paciencia porque "la resolución se está dilatando en el tiempo y han tenido ya seis meses para buscar una solución desde que nos notificaron que la sentencia era firme en septiembre". De momento, no proyecto ningún tipo de acción legal ni política, pero si el 22 de abril la casa sigue sin desalojarse "tendremos que acudir de nuevo al juzgado".
"Les hemos dado todas las facilidades todos estos meses y no les estamos forzando, pero esta situación ya se prolonga demasiado y los vecinos del pueblo también nos piden que actuemos", indica Perfecto Rodríguez, quien se muestra dispuesto a "mantener todos los encuentros que quieran" con Luciano Sobral. Este último espera que pueda haber una reunión esta misma semana.
FUENTE EL MUNDO 12/04/11
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